Reflexiones en torno a la jerarquía normativa de los tratados internacionales

Por: Javier Dondé Matute

El martes 13 de febrero se resolvieron en “paquete” varios amparos cuyo tema central de constitucionalidad era determinar la jerarquía normativa de los tratados internacionales. Este asunto no es nuevo, en 1999 en un amparo directo promovido por el Sindicato de Controladores Aéreos se determinó que en la cúspide normativa nacional se encuentra la Constitución Federal, seguida por los tratados y en el último escalafón se encuentran las leyes federales; rompiendo con el criterio anterior que sostenía le igualdad jerárquica entre tratados y leyes federales. Las resoluciones del pasado martes no hacen más que confirmar (después de varios años de reflexión) la tesis de 1999.

El criterio confirmado dejó muy inquietas a varias personas. Entre ellos el ahora Ministro José Ramón Cossío Díaz expresó que si bien el resultado era plausible los argumentos vertidos no conducían a dicha conclusión. Es por ello que los ministros decidieron retomar el tema con base en una serie de casos derivados del Tratado de libre comercio para América del Norte. A pesar de que se confirmó el criterio original, no todo está resuelto, pues aunque se haya formado jurisprudencia, apenas se alcanzó la mayoría de 6 votos, lo cual significa que la mayoría es muy endeble, pues basta con que un ministro cambie de opinión para que se modifique el criterio o que en una nueva integración un nuevo miembro de la Suprema Corte se una a la minoría.

En torno a esta cuestión han surgido varias especulaciones. Se ha rumorado que este criterio fue adoptado para facilitar las extradiciones a Estados Unidos. También se dice que la Corte ubicó a los tratados debajo de la Constitución. Estas posturas pasan por alto que la supremacía constitucional nunca estuvo en entredicho y que las extradiciones se deben sujetar a la Constitución de cualquier forma; además de que se trata de una materia en la cual las leyes federales (salvo la Ley de Extradición Internacional) son de escasa aplicación.

El problema es estructural. En un tiempo relativamente corto se ha cambiado el orden jurídico nacional y la débil mayoría alcanzada en el Pleno no garantiza que este sea el fin del debate. En realidad lo que se pone de manifiesto es lo ambiguo del texto constitucional, en el cual se usan términos barrocos como “Ley Suprema de toda la Unión”. Lo único que garantizaría la seguridad jurídica es un cambio al texto del artículo 133 para que quede claramente definido el rango de cada uno de los ordenamientos jurídicos.

Esto desde luego implica confirmar el criterio, regresar al sostenido antes de 1999 o crear uno nuevo. En este sentido el Ministro Juan Silva Meza, en una postura progresista, se ha pronunciado por crear un “bloque de constitucionalidad”, lo que implica que los tratados y la Constitución tengan el mismo rango. También hay quienes quieren darle jerárquica constitucional a los tratados en materia de derechos humanos; aunque esto nos obligaría a identificarlos, tarea que no es fácil y redundaría en mayor incertidumbre. De cualquier forma, queda claro que no es el papel de la Suprema Corte, sino del Constituyente Permanente definir nivel de las normas jurídicas.