El sistema acusatorio y un poquito de historia

Por: Javier Dondé Matute

Es común que se señale al sistema acusatorio como el marco de derecho procesal penal que México debe seguir para dar respuesta a la (igualmente) generalizada insatisfacción con los juicios penales en nuestro país. Para ello se ha recurrido al estudio de los sistemas procesales de países que han implementado dicho sistema, o lo tienen casi de manera innata: Chile, Colombia, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

Como alguien que se proclama como un estudioso del derecho comparado e internacional, cualquiera podría suponer que este sería un fenómeno de gran satisfacción para mí, sin embargo ocurre lo contrario, pues se trata de un ejemplo más de la falta de memoria por parte de los mexicanos. Aunque hay otros ejemplos en los cuales la falta de memoria es mucho más notoria y reciente, en este caso no es necesario (aunque pudiera ser útil, no lo niego) basta con remontarse al texto original de la Constitución Federal de 1917 para encontrarse las bases de un sistema acusatorio. Es igualmente sorprendente que los historiadores del derecho no estén expresando “se los dije” de forma reiterada y en cada foro sobre la reforma penal (a lo mejor la explicación está en que no los invitan).

Quizás el rasgo más característico del sistema del ’17 es que el agente del Ministerio Público jamás podía tener detenida a una persona. No se contemplaba un plazo de detención como ahora, con las famosas 48 horas. Si una persona era sorprendida en flagrancia debía ser consignada de inmediato. En el supuesto que fuera necesario solicitar una orden de aprehensión solamente se requería “denuncia, acusación a querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta de persona digna de fe o por datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado,…”

Estos requisitos eran mucho menos gravosos para el agente ministerial que el actual cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

En cuanto al sistema acusatorio, se cumplía con la judicialización casi inmediata del proceso. Es decir, al establecer un umbral probatorio tan bajo, se preveía que todos los procesos penales, deberían ser llevados a cabo frente al juez. En nuestro sistema actual el Ministerio Público debe establecer un umbral probatorio mucho más amplio, pero además está dotado de fe pública, que significa que sus actuaciones son casi incontrovertibles o lo que es peor, se revierte la carga de la prueba en contra del acusado, pues a la defensa le corresponde desvirtuar lo sostenido por el agente ministerial en la averiguación previa. Esto viola el principio de presunción de inocencia y constituye al agente del ministerio público en un juez de instrucción de facto.

Pasemos a la siguiente etapa procesal, la llamada pre-instrucción. En el sistema del ’17 y en la actualidad se requiere comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para poder iniciar un proceso penal. En el texto original, esto tenía sentido, pues como no se había alcanzado este umbral probatorio, en 72 horas el agente ministerial debía conseguir (o simplemente exhibir) más pruebas para poder iniciar el proceso propiamente dicho.

Por su parte, en el esquema actual, ya se tuvo que haber comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para haber consignado, ¿entonces de qué sirve dictar un auto de término constitucional de 72 horas después, que requiere los mismos requisitos que una orden de aprehensión? La respuesta de los operadores del sistema es casi siempre unánime: “para que la defensa desvirtué las pruebas aportadas por el ministerio público.” En la práctica esto es cierto, pero es igualmente cierto que se vuelve a revertir la carga de la prueba en contra del acusado.

En el sistema original se presenta lo que me gusta denominar una “escalada probatoria”, pues en cada uno de los pasos o etapas importantes del proceso se le exige un poco más al órgano acusador. Así, en un primer término solamente es necesaria una declaración o meros datos, después comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, por último, en la sentencia es necesario probar el delito y la responsabilidad completamente.

Lo que acabo de describir es la base de un sistema acusatorio, con una judicialización temprana, una exigencia probatoria escalonada para el Ministerio Público y un reconocimiento de derechos procesales casi inmediato, pues el artículo 20 constitucional operaba desde que la persona era consignada, lo cual ocurría rápidamente.

La forma en la cual este esquema acusatorio se fue desvirtuando ha sido ampliamente discutida y analizada (en gran parte por los historiadores del derecho) y no forma parte de esta reflexión. Tampoco es mi intención regresar al sistema constitucional original. Lo único que pretendo es compartir el hecho de que el sistema acusatorio no es novedoso en nuestro país y está más cerca de nosotros que lo comúnmente esperado.

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El surgimiento de la 10ª época en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación

Por: Javier Dondé Matute

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas constitucionales para cambiar el sistema de enjuiciamiento penal en nuestro país. Se trata de un cambio de un sistema predominantemente inquisitivo a un sistema predominantemente acusatorio. Esto se evidencia en el texto inicial del nuevo artículo 20 constitucional, que establece las bases de dicho sistema, al señalar “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.”

En definitiva, se trata de un cambio no sólo de nomenclatura sino de forma de pensar el proceso penal. Este cambio tiene repercusiones importantes en la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ejemplo, al cambiar los conceptos y los contenidos del auto de vinculación a proceso, de la orden de aprehensión, de la reinserción social, entre otros la actual jurisprudencia quedará obsoleta. Siguiendo con estos ejemplos, para librar una orden de aprehensión ahora el párrafo 2 del artículo 16 constitucional señala: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”

Es decir, desaparecen los conceptos de cuerpo del delito y probable responsabilidad. Así, la jurisprudencia que ha estudiado e interpretado estos conceptos es inútil y deberá sustituirse por criterios que interpreten el alcance de los nuevos conceptos constitucionales. Lo mismo sucede con otros aspectos de la reforma penal, que como fue integral y marca un cambio de paradigma.

Así pues, cuando se hace una revisión de lo que ha suscitado los cambios en las épocas de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es fácil percatarse que han sido por lo menos de la misma magnitud que los que estamos viviendo con la reforma constitucional del 2008. Cabe notar que dicha revisión comparativa es necesaria porque no hay criterios claros y contundentes que establezcan cuándo debe iniciarse una nueva época.

La 7ª época surgió por cambios importantes en la Constitución Federal y en la legislación secundaria en materia de amparo. La 8ª época empezó a raíz de cambios importantes en diversas legislaciones. Es curioso que la 6ª época nació simplemente porque ya había pasado mucho tiempo desde que se había efectuado un cambio de época.

Cuando se ven estos ejemplos, queda claro que la importancia de la actual reforma constitucional cumple con los elementos mínimos para promover un cambio de época. El impacto de la reforma constitucional, al crear un nuevo sistema de enjuiciamiento y de paradigma; así como forma de pensar el propio proceso penal serían suficientes argumentos para dicho cambio. Pero si a ello se le agrega que hay conceptos que han quedado obsoletos y se crean nuevas figuras que deben ser interpretadas por medio de la doctrina judicial, resulta inobjetable que la Suprema Corte debe iniciar la 10ª época jurisprudencial.

Quisiera agradecer los invaluables comentarios del Dr. Alberto Nava Garcés, quien me ha alentado para impulsar la creación de la 10ª época.

Las épocas son los criterios temporales que emplea el Poder Judicial de la Federación para agrupar y sistematizar sus criterios.

Véase http://www.scjn.gob.mx/Conoce/QueHace/LaJurisprudencia/Paginas/queesepoca.aspx (consultado 20 de noviembre de 2009)

Álvaro Vizcaíno Zamora

Obtuvo los grados de licenciatura, especialidad y maestría en la Universidad Panamericana. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, Argentina, impartidos por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Ha impartido cátedra en el INACIPE y en las Universidades Panamericana y La Salle, recibiendo de esta última el premio Indivisa Manent a la excelencia docente. Ha sido invitado por los gobiernos de Francia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos  para conocer en visita oficial sus sistemas de justicia penal. Es autor de dos decenas de artículos especializados, ha participado en seis libros colectivos y ha impartido más de un centenar de conferencias en temas relacionados con las ciencias penales en eventos y congresos realizados en México, España, Francia, Venezuela y Guatemala.

En la administración pública, entre otros cargos  se ha desempeñado como Director de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República, Director de Información y Director de Divulgación de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretario General de Profesionalización y Extensión del INACIPE.  Desde el 2005 es Secretario General Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Temas

  • Reforma Penal
  • Sistema Penal Acusatorio
  • Sistema Nacional de Seguridad Pública
  • Criminología, victimología y prevención del delito

Formación de Ministerios Públicos y Peritos

Israel Alvarado Martínez

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADO:

1. Licenciatura en Derecho. Universidad Salesiana.
2. Diplomado en Derecho Civil. Centro de Estudios de Actualización Jurídica.
3. Diplomado en Derecho Penal. Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho.
4. Diplomado en Derecho de Amparo. Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho.
5. Diplomado en Técnica Jurídica, Argumentación Jurídica e Interpretación Constitucional. Universidad Anáhuac.
6. Diplomado en Justicia Integral para Adolescentes. Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
7. Maestría en Derecho. Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho.
8. Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en Ciencia Jurídico Penal. Instituto Nacional de Ciencias Penales.
9. Maestría en Administración de Justicia. Instituto Nacional de Ciencias Penales.
10. Doctorado en Derecho por Investigación. Universidad Nacional Autónoma de México.
11. Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Actualmente:

  • Profesor Investigador-Invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
  • Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
  • Colaborador del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), con sede en Bruselas, Bélgica.

Ha sido:

  • Coordinador de Asesores de la Presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
  • Consultor en materia Penal Ambiental para la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte
  • Consultor del área Penal del Abogado General de Petróleos Mexicanos
  • Asesor de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
  • Asesor del Procurador General de la República (PGR)
  • Subdirector de Coadyuvancia en Procesos Penales Federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
  • Subdirector de Estudios Legislativos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
  • Actuario Judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en Tlaxcala, Tlaxcala
  • Postulante en Derecho

EXPERIENCIA DOCENTE:

  • Profesor en diversas materias de derecho penal, procesal penal, administración de justicia, política criminal y control constitucional en diversas instituciones del país, entre las que destacan:
  • Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)
  • Universidad Anáhuac del Sur
  • Universidad Panamericana
  • Universidad Nacional Autónoma de México
  • Diversos Tribunales de Justicia y Procuradurías estatales de casi todo el país, así como en el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República

CONFERENCIAS IMPARTIDAS:

Ha impartido más de medio centenar de conferencias a nivel nacional e internacional.

OBRAS ESCRITAS:

A. LIBROS:

Autor, coautor y coordinador de más de 10 libros editados por editoriales prestigiadas como Porrúa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

B. REVISTAS:

Autor y coautor de más de 30 artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales.

Gerardo García Silva

Estudios:

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel I.

Doctor en Derecho, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestro en Ciencias Penales con Especialización en Ciencia Jurídico Penal, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Formó parte de la delegación mexicana que realizó una visita de estudio para conocer el sistema de justicia penal en el Reino Unido de la Gran Bretaña.

Curso de entrenamiento para Capacitadores en Materia de Sistema Penal Acusatorio, impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Experiencia profesional:

Abogado litigante en materia civil, mercantil y familiar.

Analista jurídico en la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Subdirector de Orientación Legal de la Dirección de Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República.

Director de Servicios a la Comunidad de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República.

Director de Operación y Convenios en la Dirección General de Coordinación Interprocuradurías de la Procuraduría General de la República.

Coordinador de Asesores de la Dirección General de Coordinación Interprocuradurías de la Procuraduría General de la República.

Director de Capacitación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Director de Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Director Jurídico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Actividades académicas:

Ha impartido clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diversas Universidades del país. Ha impartido conferencias sobre diversos tópicos en materia de Derecho penal y Ciencias Penales en diversas entidades de la república. Es miembro del Consejo Editorial de la Sección Justicia del Periódico Reforma y miembro del Programa Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, A.C.

Libros:

  • Los mecanismos de autoprotección en el Derecho penal, INACIPE. (En prensa)

Revistas:

  • Los desafíos de la capacitación del Ministerio Público, ITER CRIMINIS, Revista de Ciencias Penales, N° 10, Tercera Época, INACIPE, marzo-abril 2007.
  • El arraigo en la reforma constitucional, ITER CRIMINIS, Revista de Ciencias Penales, N° 11, Tercera Época, INACIPE, mayo-junio 2007.
  • La reforma a la Política Criminal en México, ITER CRIMINIS, Revista de Ciencias Penales, N° 14, Tercera Época, INACIPE, noviembre-diciembre 2007.
  • El papel de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública, CRIMINOGÉNESIS, Revista especializada en Criminología y Derecho penal, publicación cuatrimestral, año 1, número 1, octubre de 2007.
  • Consideraciones en torno a la Extradición y la lucha contra la Delincuencia, Revista Mexicana de Justicia, La extradición, Nº 17, Procuraduría General de la República, México, 2007.
  • Los retos del sistema de Justicia Penal en México, Revista Defensa Penal, 2008.
  • La Convención de Palermo en la lucha contra la Delincuencia Organizada, El Mundo del Abogado, Coautoría, 2008.
  • El arraigo en la Reforma Constitucional, Revista Defensa Penal, 2008.
  • Colaboración con voces para El Derecho Penal a Juicio, Diccionario Crítico, INACIPE, México, 2009.
  • Mitos y realidades en torno a los juicio orales, Judicatus, Revista del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, México, 2009.
  • La implementación del sistema procesal acusatorio, adversarial y oral en México. Retos y Perspectivas, Revista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2009. (En prensa)

Mariel Albarrán Duarte

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan.

En el ámbito laboral se ha desempeñado litigando en materia civil, mercantil y administrativo, colaboró con la sociedad civil “Apoyo y Solidaridad a la Mujer A.C.”, Institución dedicada a brindar asistencia legal; Conoce y maneja la práctica de gestiones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Dentro del INACIPE se desempeña en proyectos de investigación sobre Justicia Alternativa; asistiendo a la Maestra María Olga Noriega Sáenz.

Entre sus temas de interés destacan: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos.

Joahana Del Río Rebolledo

Fue Directora de Capacitación del Instituto Nacional del Ciencias Penales. Se desempeñó como Coordinadora Regional del Programa de Fortalecimiento al Estado de Derecho en México (PRODERECHO) en donde también fue consultora técnica en materia de Derecho Procesal Penal, Destrezas de Litigación y modelos de implementación del sistema acusatorio. Fue Jefa de Defensores de Oficio en el Reclusorio Preventivo Oriente y Jefa de la Defensoría de Oficio de los Reclusorios del Distrito Federal. Jefa de Asistencia Jurídica, Procesos y Reclusorios Penales en el Gobierno del Distrito Federal. Se encuentra certificada por el Centro de Justicia de las Américas en Santiago de Chile, como Formadora de Capacitadores para el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio. Ha realizado estancias de estudio y observación en diversos países de Latinoamérica como Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, etc., vinculadas al análisis de los procesos de reforma e implementación en materia penal y procesal penal.

Cuenta con los siguientes diplomados:

  • Formación de Formadores para el nuevo proceso penal acusatorio. Pereyra, Colombia
  • Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal. Centro de Justicia de las Américas. Santiago de Chile.
  • Trauma y manejo de conflictos. Universidad Eastern Mennonite. Harrisonburg. California.

Participó en la redacción de los estatutos de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas en Rio de Janeiro Brasil, de la cual, es miembro fundador. Consultora del National Center for State Courts en la República Mexicana en programas de Reforma Procesal Penal y Justicia en diversos estados de la Republica Mexicana. Participó en el proceso de capacitación y selección de Jueces, Ministerios Públicos y Defensores en materia penal, de los estados de Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León.

Participó como consejera editorial de la sección de Justicia en el Periódico REFORMA. Fue apoderada legal de las instituciones de crédito Santander y Banamex. Ha impartido diversos diplomados, cursos, seminarios, talleres y conferencias en instituciones públicas del país como a los Tribunales de Justicia, Casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como universidades públicas y privadas. Ha brindado asistencia legal a diversas instituciones públicas y privadas en material de implementación y Proceso Penal Acusatorio.

Actualmente se desempeña como Directora General del Instituto Mexicano del Juicio Oral y Profesora Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales.