La autonomía del Ministerio Público ¿En Estados Unidos?

Por: Javier Dondé Matute

En fechas recientes la oficina del Procurador General de los Estados Unidos (Attorney General of the United States) ha entrado en crisis tras darse a conocer el despido de ocho agentes por motivos políticos, pues se negaban a seguir instrucciones de la Casa Blanca. Esta controversia ya provocó la renuncia de un Subprocurador y tiene al titular, Alberto Gonzales, en la cuerda floja.

Ante tal intromisión de los órganos políticos en las decisiones de los fiscales, se empieza a manejar la posibilidad de que la Oficina del Procurador General se constituya como un organismo autónomo del Ejecutivo. Cualquier similitud con la realidad mexicana es mera coincidencia, pero a los entusiastas del derecho comparado esto nos representa una oportunidad para analizar las propuestas que se manejan en Estados Unidos para prevenir otras situaciones embarazosas.

Uno de los planteamientos más interesantes es darle al Procurador General el mismo estatus que al Director de la FBI. Este funcionario es nombrado por el Ejecutivo, pero por un periodo de 10 años con posibilidad de volver a ser nombrado por un periodo adicional, de tal suerte que se garantiza que el Director durará en su encargo, por lo menos, dos administraciones presidenciales. La clave de este mecanismo es que en Estados Unidos es común la alternancia en la presidencia, por lo que es muy probable que el Director tenga como jefe a un Presidente de ambos partidos.

Esta idea me parece clave pues en México le hemos apostado a la democracia, lo cual implica la alternancia en el poder. Así pues, este mecanismo pudiera funcionar para nuestro país. Imaginemos que un Procurador General de la República es nombrado por un presidente panista. Así, como tiene garantizado el puesto por 10 años (por ejemplo), no tiene porque sucumbir ante las presiones políticas del Ejecutivo, lo cual, además, beneficiaría a sus subordinados. Asimismo, si en las nuevas elecciones resulta vencedor el candidato del PRI o del PRD, por decir algo, no habrá presión para el Procurador, pues no podrá ser removido. Lo que es más, si actúa con imparcialidad y profesionalismo, no habría argumentos válidos para no renovar su nombramiento.

El obstáculo principal que veo con este esquema es que se ignora el carácter político del puesto. No debemos perder de vista que cuando el pueblo elige a un Presidente lo hace con base en sus propuestas de campaña. Entre ellas, las más importantes tienen que ver con el tema de seguridad pública. De tal suerte que la elección de un candidato en particular implica, entre otras cosas, el aval del pueblo por sus propuestas en este tema. Sería contrario al espíritu democrático que el Presidente no pudiera llevar a cabo estas medidas dado que no puede elegir a la persona que implementará gran parte de ellas.

En el debate que se presenta en Estados Unidos se reconoce que los procuradores no deben de ser serviles a los intereses de la Casa Blanca, pero no se sataniza (como ha sucedido en México) el papel político que inevitablemente juega la persona que ocupe ese cargo.

En respuesta a esto, se ha propuesto también fortalecer mediante acuerdos, manuales y lineamientos la actuación de los fiscales. La idea es que para iniciar un proceso se elaboren una serie de criterios que deban cumplirse, antes de tomar la decisión; de tal manera que con parámetros objetivos no pueda haber presión por parte del Ejecutivo, pues simplemente se deberá verificar si los criterios se cumplen o no.

También se ha propuesto regular mediante una ley la relación entre el Procurador y el Presidente. En esta propuesta se vuelve necesaria la intervención del Congreso lo cual resulta interesente, pues tiene características propias que lo hacen un órgano apropiado para fijar estas reglas. Primero, una ley de este tipo puede considerarse como un contrapeso del Legislativo en las funciones del Ejecutivo. Segundo, al formalizarse en una ley, se trata de una norma jurídica que, objetivamente, deben cumplir el Presidente y el Procurador. Tercero, su incumplimiento puede reclamarse ante los tribunales, lo cual constituiría otro contrapeso, pero ahora a cargo del Poder Judicial. Por último, la representatividad pluripartidista, formulada antes de que ocurra un conflicto, es la forma más objetiva de crear estos parámetros.

La idea de redactar estas líneas surgió del interés en saber que en México y Estados Unidos estamos enfrentando problemas similares de corte institucional y cronológicamente paralelos. También de hacer el ejercicio comparado para ver que propuestas hay en otros países. Por lo menos para mí, el ensayo ha sido de gran utilidad pues se ponen sobre la mesa propuestas que no había escuchado en torno a garantizar la autonomía del Ministerio Público.

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Reflexiones en torno a la jerarquía normativa de los tratados internacionales

Por: Javier Dondé Matute

El martes 13 de febrero se resolvieron en “paquete” varios amparos cuyo tema central de constitucionalidad era determinar la jerarquía normativa de los tratados internacionales. Este asunto no es nuevo, en 1999 en un amparo directo promovido por el Sindicato de Controladores Aéreos se determinó que en la cúspide normativa nacional se encuentra la Constitución Federal, seguida por los tratados y en el último escalafón se encuentran las leyes federales; rompiendo con el criterio anterior que sostenía le igualdad jerárquica entre tratados y leyes federales. Las resoluciones del pasado martes no hacen más que confirmar (después de varios años de reflexión) la tesis de 1999.

El criterio confirmado dejó muy inquietas a varias personas. Entre ellos el ahora Ministro José Ramón Cossío Díaz expresó que si bien el resultado era plausible los argumentos vertidos no conducían a dicha conclusión. Es por ello que los ministros decidieron retomar el tema con base en una serie de casos derivados del Tratado de libre comercio para América del Norte. A pesar de que se confirmó el criterio original, no todo está resuelto, pues aunque se haya formado jurisprudencia, apenas se alcanzó la mayoría de 6 votos, lo cual significa que la mayoría es muy endeble, pues basta con que un ministro cambie de opinión para que se modifique el criterio o que en una nueva integración un nuevo miembro de la Suprema Corte se una a la minoría.

En torno a esta cuestión han surgido varias especulaciones. Se ha rumorado que este criterio fue adoptado para facilitar las extradiciones a Estados Unidos. También se dice que la Corte ubicó a los tratados debajo de la Constitución. Estas posturas pasan por alto que la supremacía constitucional nunca estuvo en entredicho y que las extradiciones se deben sujetar a la Constitución de cualquier forma; además de que se trata de una materia en la cual las leyes federales (salvo la Ley de Extradición Internacional) son de escasa aplicación.

El problema es estructural. En un tiempo relativamente corto se ha cambiado el orden jurídico nacional y la débil mayoría alcanzada en el Pleno no garantiza que este sea el fin del debate. En realidad lo que se pone de manifiesto es lo ambiguo del texto constitucional, en el cual se usan términos barrocos como “Ley Suprema de toda la Unión”. Lo único que garantizaría la seguridad jurídica es un cambio al texto del artículo 133 para que quede claramente definido el rango de cada uno de los ordenamientos jurídicos.

Esto desde luego implica confirmar el criterio, regresar al sostenido antes de 1999 o crear uno nuevo. En este sentido el Ministro Juan Silva Meza, en una postura progresista, se ha pronunciado por crear un “bloque de constitucionalidad”, lo que implica que los tratados y la Constitución tengan el mismo rango. También hay quienes quieren darle jerárquica constitucional a los tratados en materia de derechos humanos; aunque esto nos obligaría a identificarlos, tarea que no es fácil y redundaría en mayor incertidumbre. De cualquier forma, queda claro que no es el papel de la Suprema Corte, sino del Constituyente Permanente definir nivel de las normas jurídicas.

Un consejo para Irán

Por: Javier Dondé  Matute

Existe una alta posibilidad de que Irán sea atacado por Estados Unidos bajo el pretexto de que se están desarrollando armas de destrucción masiva en aquel Estado. Si bien es poco probable que dicho ataque implique una invasión como en el caso de Irak, la respuesta a estas acusaciones no es menos crítica. Al respecto creo que sería aconsejable que Irán ratificara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo antes posible, para crear consecuencias jurídico-penales derivadas de una ofensa de este tipo.

En efecto, de convertirse en Estado parte del Estatuto de Roma, la Corte tendría competencia para conocer de cualquier crimen internacional cometido en territorio iraní, sin importar que las personas que lo lleven a cabo no sean nacionales de un Estado parte, como el caso de Estados Unidos. Así pues, de concretarse dicho ataque, Irán estaría en posibilidades de solicitar al Fiscal de la Corte que investigue la posible comisión de crímenes internacionales (otra facultad derivada de la ratificación del Estatuto).

Es importante señalar que si bien Irán tendría la primera oportunidad de investigar, procesar y (en su caso) sancionar estos hechos, estaríamos frente a un claro ejemplo de una situación de incapacidad para llevar a cabo dichos juicios, pues para que sean efectivos se necesitaría de la colaboración de los Estados Unidos. En este sentido, la Corte Penal Internacional estaría en una mejor posición que Irán para realizar estas funciones, aunque esto no significa que estaría exenta de obstáculos.

La siguiente pregunta sería; ¿qué posibles crímenes se estarían cometiendo? De inicio podríamos descartar la posibilidad de que se cometa genocidio, pues para ello es necesario que se pruebe una intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; aspecto que no se actualiza. Sin embargo, en caso de producirse el ataque por parte de Estados Unidos, estaríamos en presencia de un conflicto armado internacional, ya que se trataría de un uso de la fuerza armada entre EsAtados. Al respecto, las posibilidades de que se cometa algún crimen de guerra dentro de este conflicto serán muy altas.

También es posible que se cometa un crimen de lesa humanidad, pues para ello es necesario que se cometa alguna conducta como el asesinato, por ejemplo, dentro del contexto de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. Según la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda, por ataque sistemático se entiende aquel que se realiza como parte de un plan o política estatal; supuesto que se actualizaría en este caso.

Lo interesante de esta línea de razonamiento, es que, según el Estatuto de Roma, quien ordena la comisión de estos crímenes es considerado autor de los mismos, lo cual supone que la responsabilidad penal internacional por un ataque de este tipo podría alcanzar a George Bush, como comandante supremo de las fuerzas armadas norteamericanas.

Como se adelantaba, el Fiscal de la Corte encontraría varios obstáculos para realizar satisfactoriamente esta investigación, pues para ello necesitaría la colaboración de Estados Unidos. Pero el inicio de un proceso tendría un valor simbólico importante, pues sentaría una base importante para el propio Derecho Penal Internacional pues evidenciaría que nadie está exento de una investigación por parte de este organismo internacional.

¿Y qué de Irán? Una maniobra jurídico-política de esta naturaleza podría disuadir a los Estados Unidos de efectuar un ataque de esta naturaleza para evitar los problemas jurídico-diplomáticos que esto conllevaría o; por lo menos, tendría que tomarlos en cuanta antes de tomar la decisión definitiva. Pero de no ser así, Irán podría presionar y montar una ofensiva jurídico-política, con base en su denuncia ante la Corte Penal Internacional; como una herramienta de negociación que ahora no tiene.

En otras palabras, si Estados Unidos va a atacar de cualquier forma, pues más vale contar con un instrumento jurídico que ahora no se tiene. Además, la ratiAficación del Estatuto podría tomarse como prueba de que Irán es un Estado dispuesto a colaborar con la lucha por la vigencia del derecho en el ámbito internacional; postura muy alejada de la campaña difamatoria de los Estados Unidos, que le podría hacer de aliados en su confrontación con los norteamericanos. Hay una segunda alternativa.

El Estatuto prevé la posibilidad de que un Estado que no es parte del Estatuto acepte la competencia de la Corte para conocer de un crimen en particular; se trata de la denominada competencia ad hoc. Si Irán no está dispuesto a ratificar este tratado internacional, puede, posteriormente al ataque de los Estados Unidos, firmar un acuerdo especial para que la Corte investigue estos hechos. Si bien esta opción tendría las mismas consecuencias jurídico-penales que la ratificación del Estatuto en su conjunto, no aportaría las ventajas políticas y de percepción que se apuntaron.

Si se toma en cuenta que el Estatuto no tiene efectos retroactivos, por lo que no se podrían investigar crímenes cometidos por ciudadanos iraníes en el pasado, como en el caso de la toma de rehenes en la embajada de los Estados Unidos o durante la guerra con Irak, entonces parece que este país tiene mucho que ganar y poco que perder al formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

¿Derecho a la manifestación vs. derecho de tránsito?

Por: Javier Dondé Matute

El tema del derecho a la manifestación, últimamente, ha causado polémica en la Ciudad de México. Se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el panismo y el perredismo capitalino. Antes de empezar con algunas reflexiones sobre el tema es importante notar que el derecho a la manifestación es un derecho complejo, pues implica el ejercicio de la libertad de asociación y (o reunión) de la libertad de expresión.

En términos generales, los panistas buscan restringir las manifestaciones alegando que la libertad de tránsito constituye un límite al ejercicio de derecho a manifestarse. En este sentido se ha propuesto que los participantes den aviso con 72 horas de anticipación y que solamente obstruyan el 50% de los carriles de la vía pública; quedando los bloqueos completamente prohibidos. Por su parte, los perredistas, si bien no parece estar en desacuerdo con la idea de “regular las marchas”, se ha pronunciado en contra de la agresiva campaña publicitaria en contra de las manifestaciones en general. Sin embargo, sugieren que debe haber una reforma constitucional antes de que se pueda restringir este derecho.

El tema central de esta discusión implica contestar las siguientes preguntas:

¿El derecho a la manifestación es un derecho absoluto?

Si no lo es ¿qué límites son permisibles?

¿La libertad de tránsito se afecta con las manifestaciones que obstruyen la vía pública?

Si lo es ¿cuál de los dos derechos debe prevalecer?

En las siguientes, líneas trataré de responder a estas interrogantes para fijar una postura, desde una perspectiva legal, a través de un análisis del marco jurídico nacional e internacional que rige estos dos derechos.

La libertad de asociación tiene dos límites expresamente señalados en el artículo 9 de la Constitución. Para empezar las asociaciones deben ser pacíficas y deben tener un objeto lícito. Una vez que se ejerce este derecho los participantes no podrán injuriar a la autoridad, ejercer violencia en contra de ella, intimidarla u obligarla a realizar un acto en particular.

Por su parte, la libertad de expresión tiene los siguientes límites según el artículo 6º. de la Constitución: que se “ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; ..”

Estas limitaciones también están reconocidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos señala en el artículo 15 lo siguiente:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Por otro lado, el derecho de expresión, según el artículo 13 de la Convención solamente puede restringirse en aras de proteger los derechos de terceros o su reputación, así como “la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” En todo caso, estas restricciones deben estar preestablecidas en ley y no deberán estar sujetas a censura previa (esta última parte también está contemplada en la Constitución Mexicana).

De la lectura de estas disposiciones, que establecen el marco básico regulatorio de la libertad de manifestación se contestan las primeras dos preguntas, pues existen límites establecidos en la Constitución y en el marco regional de derechos humanos. Pero en lo subsiguiente, la situación se torna más compleja. Parte del problema surge del hecho de que estas disposiciones fueron ideadas para evitar la represión gubernamental y no mediar entre diversos derechos humanos (o garantías individuales).

Si bien en la Constitución Federal y en la Convención Americana se prevé la posibilidad de restringir la libertad de expresión cuando se afecten derechos de terceros, es importante determinar si el mismo se ve obstaculizado con las manifestaciones. De inicio parece que no, pues este derecho tiene por objeto que una persona pueda ir al lugar que le plazca, lo cual no se restringe con una manifestación, pues la misma solamente obstaculiza las vías ordinarias de paso, sin impedir que se llegue al destinto. El derecho de tránsito si se vería afectado si las personas que se manifiestan impiden que terceros lleguen a un lugar determinado. Por ejemplo, si se bloquea el zócalo y una persona no puede acceder a la Suprema Corte, a presentar una promoción. Así, parece que tiene sentido el prohibir los bloqueos, como propone el pan capitalino.

En esta medida, las autoridades, que tienen la obligación de hacer posible que se ejerzan los derechos de las personas, (artículo 1 y 2.2 de la Convención Americana) tienen que garantizar el acceso a la Suprema Corte, como en el ejemplo. Como ilustra éste, en la discusión se ha perdido de vista que le corresponde a la autoridad el garantizar que ambas partes ejerzan sus derechos. No le corresponde solamente a los manifestantes respetar el derecho de circulación, ni a los automovilistas (principalmente) respetar el derecho de asociación/expresión. No es un problema, entonces, de que un derecho prevalezca sobre el otro (lo cual haría ocioso responder las dos últimas preguntas planteadas).

Lo anterior pone en claro que ambos partidos políticos capitalinos tienen razón al sugerir que las manifestaciones deben regularse. Sin embargo, el énfasis de la regulación no debe ser el equilibrio entre derechos que se encuentran en pugna. Se debe legislar sobre la intervención de la autoridad en su deber de hacer respetar ambos. Así, por ejemplo, se deberá prever un paso hacia la Suprema Corte y accesos alternos para el ingreso. De igual manera, se deberán prever desvíos de automóviles en la vía pública, que permitan el tránsito ágil, aunque por rutas distintas.

Además, esto daría cumplimiento al mandato internacional de prever en ley y de forma previa las restricciones a la libertad de manifestación; con la finalidad de establecer claramente y de forma precisa la forma de actuar de la autoridad. Eso implica, desde luego, definir y precisar los supuestos restrictivos a los derechos y libertades previstos en la Constitución y en la Convención Americana.

Por último, una aclaración relacionada con lo anterior. En cuanto a la postura del PAN, en el sentido de establecer una obligación de dar aviso a la autoridad de las manifestaciones que se realicen, la idea sería contraria a la Constitución y a la Convención de Derechos Humanos, pues esto puede invitar a la censura previa, pues con 72 horas de ventaja se pueden establecer obstáculos directos o indirectos que hagan imposible que la manifestación se lleve a cabo. Alternativamente, se sugiere que la autoridad, como parte de su mandato, prevea planes de contingencia (como los ya señalados) para hacer respetar estos derechos, que en realidad no están en pugna.

El sistema acusatorio y un poquito de historia

Por: Javier Dondé Matute

Es común que se señale al sistema acusatorio como el marco de derecho procesal penal que México debe seguir para dar respuesta a la (igualmente) generalizada insatisfacción con los juicios penales en nuestro país. Para ello se ha recurrido al estudio de los sistemas procesales de países que han implementado dicho sistema, o lo tienen casi de manera innata: Chile, Colombia, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

Como alguien que se proclama como un estudioso del derecho comparado e internacional, cualquiera podría suponer que este sería un fenómeno de gran satisfacción para mí, sin embargo ocurre lo contrario, pues se trata de un ejemplo más de la falta de memoria por parte de los mexicanos. Aunque hay otros ejemplos en los cuales la falta de memoria es mucho más notoria y reciente, en este caso no es necesario (aunque pudiera ser útil, no lo niego) basta con remontarse al texto original de la Constitución Federal de 1917 para encontrarse las bases de un sistema acusatorio. Es igualmente sorprendente que los historiadores del derecho no estén expresando “se los dije” de forma reiterada y en cada foro sobre la reforma penal (a lo mejor la explicación está en que no los invitan).

Quizás el rasgo más característico del sistema del ’17 es que el agente del Ministerio Público jamás podía tener detenida a una persona. No se contemplaba un plazo de detención como ahora, con las famosas 48 horas. Si una persona era sorprendida en flagrancia debía ser consignada de inmediato. En el supuesto que fuera necesario solicitar una orden de aprehensión solamente se requería “denuncia, acusación a querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta de persona digna de fe o por datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado,…”

Estos requisitos eran mucho menos gravosos para el agente ministerial que el actual cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

En cuanto al sistema acusatorio, se cumplía con la judicialización casi inmediata del proceso. Es decir, al establecer un umbral probatorio tan bajo, se preveía que todos los procesos penales, deberían ser llevados a cabo frente al juez. En nuestro sistema actual el Ministerio Público debe establecer un umbral probatorio mucho más amplio, pero además está dotado de fe pública, que significa que sus actuaciones son casi incontrovertibles o lo que es peor, se revierte la carga de la prueba en contra del acusado, pues a la defensa le corresponde desvirtuar lo sostenido por el agente ministerial en la averiguación previa. Esto viola el principio de presunción de inocencia y constituye al agente del ministerio público en un juez de instrucción de facto.

Pasemos a la siguiente etapa procesal, la llamada pre-instrucción. En el sistema del ’17 y en la actualidad se requiere comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para poder iniciar un proceso penal. En el texto original, esto tenía sentido, pues como no se había alcanzado este umbral probatorio, en 72 horas el agente ministerial debía conseguir (o simplemente exhibir) más pruebas para poder iniciar el proceso propiamente dicho.

Por su parte, en el esquema actual, ya se tuvo que haber comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para haber consignado, ¿entonces de qué sirve dictar un auto de término constitucional de 72 horas después, que requiere los mismos requisitos que una orden de aprehensión? La respuesta de los operadores del sistema es casi siempre unánime: “para que la defensa desvirtué las pruebas aportadas por el ministerio público.” En la práctica esto es cierto, pero es igualmente cierto que se vuelve a revertir la carga de la prueba en contra del acusado.

En el sistema original se presenta lo que me gusta denominar una “escalada probatoria”, pues en cada uno de los pasos o etapas importantes del proceso se le exige un poco más al órgano acusador. Así, en un primer término solamente es necesaria una declaración o meros datos, después comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, por último, en la sentencia es necesario probar el delito y la responsabilidad completamente.

Lo que acabo de describir es la base de un sistema acusatorio, con una judicialización temprana, una exigencia probatoria escalonada para el Ministerio Público y un reconocimiento de derechos procesales casi inmediato, pues el artículo 20 constitucional operaba desde que la persona era consignada, lo cual ocurría rápidamente.

La forma en la cual este esquema acusatorio se fue desvirtuando ha sido ampliamente discutida y analizada (en gran parte por los historiadores del derecho) y no forma parte de esta reflexión. Tampoco es mi intención regresar al sistema constitucional original. Lo único que pretendo es compartir el hecho de que el sistema acusatorio no es novedoso en nuestro país y está más cerca de nosotros que lo comúnmente esperado.

El surgimiento de la 10ª época en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación

Por: Javier Dondé Matute

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas constitucionales para cambiar el sistema de enjuiciamiento penal en nuestro país. Se trata de un cambio de un sistema predominantemente inquisitivo a un sistema predominantemente acusatorio. Esto se evidencia en el texto inicial del nuevo artículo 20 constitucional, que establece las bases de dicho sistema, al señalar “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.”

En definitiva, se trata de un cambio no sólo de nomenclatura sino de forma de pensar el proceso penal. Este cambio tiene repercusiones importantes en la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ejemplo, al cambiar los conceptos y los contenidos del auto de vinculación a proceso, de la orden de aprehensión, de la reinserción social, entre otros la actual jurisprudencia quedará obsoleta. Siguiendo con estos ejemplos, para librar una orden de aprehensión ahora el párrafo 2 del artículo 16 constitucional señala: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”

Es decir, desaparecen los conceptos de cuerpo del delito y probable responsabilidad. Así, la jurisprudencia que ha estudiado e interpretado estos conceptos es inútil y deberá sustituirse por criterios que interpreten el alcance de los nuevos conceptos constitucionales. Lo mismo sucede con otros aspectos de la reforma penal, que como fue integral y marca un cambio de paradigma.

Así pues, cuando se hace una revisión de lo que ha suscitado los cambios en las épocas de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es fácil percatarse que han sido por lo menos de la misma magnitud que los que estamos viviendo con la reforma constitucional del 2008. Cabe notar que dicha revisión comparativa es necesaria porque no hay criterios claros y contundentes que establezcan cuándo debe iniciarse una nueva época.

La 7ª época surgió por cambios importantes en la Constitución Federal y en la legislación secundaria en materia de amparo. La 8ª época empezó a raíz de cambios importantes en diversas legislaciones. Es curioso que la 6ª época nació simplemente porque ya había pasado mucho tiempo desde que se había efectuado un cambio de época.

Cuando se ven estos ejemplos, queda claro que la importancia de la actual reforma constitucional cumple con los elementos mínimos para promover un cambio de época. El impacto de la reforma constitucional, al crear un nuevo sistema de enjuiciamiento y de paradigma; así como forma de pensar el propio proceso penal serían suficientes argumentos para dicho cambio. Pero si a ello se le agrega que hay conceptos que han quedado obsoletos y se crean nuevas figuras que deben ser interpretadas por medio de la doctrina judicial, resulta inobjetable que la Suprema Corte debe iniciar la 10ª época jurisprudencial.

Quisiera agradecer los invaluables comentarios del Dr. Alberto Nava Garcés, quien me ha alentado para impulsar la creación de la 10ª época.

Las épocas son los criterios temporales que emplea el Poder Judicial de la Federación para agrupar y sistematizar sus criterios.

Véase http://www.scjn.gob.mx/Conoce/QueHace/LaJurisprudencia/Paginas/queesepoca.aspx (consultado 20 de noviembre de 2009)