La autonomía del Ministerio Público ¿En Estados Unidos?

Por: Javier Dondé Matute

En fechas recientes la oficina del Procurador General de los Estados Unidos (Attorney General of the United States) ha entrado en crisis tras darse a conocer el despido de ocho agentes por motivos políticos, pues se negaban a seguir instrucciones de la Casa Blanca. Esta controversia ya provocó la renuncia de un Subprocurador y tiene al titular, Alberto Gonzales, en la cuerda floja.

Ante tal intromisión de los órganos políticos en las decisiones de los fiscales, se empieza a manejar la posibilidad de que la Oficina del Procurador General se constituya como un organismo autónomo del Ejecutivo. Cualquier similitud con la realidad mexicana es mera coincidencia, pero a los entusiastas del derecho comparado esto nos representa una oportunidad para analizar las propuestas que se manejan en Estados Unidos para prevenir otras situaciones embarazosas.

Uno de los planteamientos más interesantes es darle al Procurador General el mismo estatus que al Director de la FBI. Este funcionario es nombrado por el Ejecutivo, pero por un periodo de 10 años con posibilidad de volver a ser nombrado por un periodo adicional, de tal suerte que se garantiza que el Director durará en su encargo, por lo menos, dos administraciones presidenciales. La clave de este mecanismo es que en Estados Unidos es común la alternancia en la presidencia, por lo que es muy probable que el Director tenga como jefe a un Presidente de ambos partidos.

Esta idea me parece clave pues en México le hemos apostado a la democracia, lo cual implica la alternancia en el poder. Así pues, este mecanismo pudiera funcionar para nuestro país. Imaginemos que un Procurador General de la República es nombrado por un presidente panista. Así, como tiene garantizado el puesto por 10 años (por ejemplo), no tiene porque sucumbir ante las presiones políticas del Ejecutivo, lo cual, además, beneficiaría a sus subordinados. Asimismo, si en las nuevas elecciones resulta vencedor el candidato del PRI o del PRD, por decir algo, no habrá presión para el Procurador, pues no podrá ser removido. Lo que es más, si actúa con imparcialidad y profesionalismo, no habría argumentos válidos para no renovar su nombramiento.

El obstáculo principal que veo con este esquema es que se ignora el carácter político del puesto. No debemos perder de vista que cuando el pueblo elige a un Presidente lo hace con base en sus propuestas de campaña. Entre ellas, las más importantes tienen que ver con el tema de seguridad pública. De tal suerte que la elección de un candidato en particular implica, entre otras cosas, el aval del pueblo por sus propuestas en este tema. Sería contrario al espíritu democrático que el Presidente no pudiera llevar a cabo estas medidas dado que no puede elegir a la persona que implementará gran parte de ellas.

En el debate que se presenta en Estados Unidos se reconoce que los procuradores no deben de ser serviles a los intereses de la Casa Blanca, pero no se sataniza (como ha sucedido en México) el papel político que inevitablemente juega la persona que ocupe ese cargo.

En respuesta a esto, se ha propuesto también fortalecer mediante acuerdos, manuales y lineamientos la actuación de los fiscales. La idea es que para iniciar un proceso se elaboren una serie de criterios que deban cumplirse, antes de tomar la decisión; de tal manera que con parámetros objetivos no pueda haber presión por parte del Ejecutivo, pues simplemente se deberá verificar si los criterios se cumplen o no.

También se ha propuesto regular mediante una ley la relación entre el Procurador y el Presidente. En esta propuesta se vuelve necesaria la intervención del Congreso lo cual resulta interesente, pues tiene características propias que lo hacen un órgano apropiado para fijar estas reglas. Primero, una ley de este tipo puede considerarse como un contrapeso del Legislativo en las funciones del Ejecutivo. Segundo, al formalizarse en una ley, se trata de una norma jurídica que, objetivamente, deben cumplir el Presidente y el Procurador. Tercero, su incumplimiento puede reclamarse ante los tribunales, lo cual constituiría otro contrapeso, pero ahora a cargo del Poder Judicial. Por último, la representatividad pluripartidista, formulada antes de que ocurra un conflicto, es la forma más objetiva de crear estos parámetros.

La idea de redactar estas líneas surgió del interés en saber que en México y Estados Unidos estamos enfrentando problemas similares de corte institucional y cronológicamente paralelos. También de hacer el ejercicio comparado para ver que propuestas hay en otros países. Por lo menos para mí, el ensayo ha sido de gran utilidad pues se ponen sobre la mesa propuestas que no había escuchado en torno a garantizar la autonomía del Ministerio Público.

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