¿Derecho a la manifestación vs. derecho de tránsito?

Por: Javier Dondé Matute

El tema del derecho a la manifestación, últimamente, ha causado polémica en la Ciudad de México. Se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el panismo y el perredismo capitalino. Antes de empezar con algunas reflexiones sobre el tema es importante notar que el derecho a la manifestación es un derecho complejo, pues implica el ejercicio de la libertad de asociación y (o reunión) de la libertad de expresión.

En términos generales, los panistas buscan restringir las manifestaciones alegando que la libertad de tránsito constituye un límite al ejercicio de derecho a manifestarse. En este sentido se ha propuesto que los participantes den aviso con 72 horas de anticipación y que solamente obstruyan el 50% de los carriles de la vía pública; quedando los bloqueos completamente prohibidos. Por su parte, los perredistas, si bien no parece estar en desacuerdo con la idea de “regular las marchas”, se ha pronunciado en contra de la agresiva campaña publicitaria en contra de las manifestaciones en general. Sin embargo, sugieren que debe haber una reforma constitucional antes de que se pueda restringir este derecho.

El tema central de esta discusión implica contestar las siguientes preguntas:

¿El derecho a la manifestación es un derecho absoluto?

Si no lo es ¿qué límites son permisibles?

¿La libertad de tránsito se afecta con las manifestaciones que obstruyen la vía pública?

Si lo es ¿cuál de los dos derechos debe prevalecer?

En las siguientes, líneas trataré de responder a estas interrogantes para fijar una postura, desde una perspectiva legal, a través de un análisis del marco jurídico nacional e internacional que rige estos dos derechos.

La libertad de asociación tiene dos límites expresamente señalados en el artículo 9 de la Constitución. Para empezar las asociaciones deben ser pacíficas y deben tener un objeto lícito. Una vez que se ejerce este derecho los participantes no podrán injuriar a la autoridad, ejercer violencia en contra de ella, intimidarla u obligarla a realizar un acto en particular.

Por su parte, la libertad de expresión tiene los siguientes límites según el artículo 6º. de la Constitución: que se “ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; ..”

Estas limitaciones también están reconocidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos señala en el artículo 15 lo siguiente:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Por otro lado, el derecho de expresión, según el artículo 13 de la Convención solamente puede restringirse en aras de proteger los derechos de terceros o su reputación, así como “la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” En todo caso, estas restricciones deben estar preestablecidas en ley y no deberán estar sujetas a censura previa (esta última parte también está contemplada en la Constitución Mexicana).

De la lectura de estas disposiciones, que establecen el marco básico regulatorio de la libertad de manifestación se contestan las primeras dos preguntas, pues existen límites establecidos en la Constitución y en el marco regional de derechos humanos. Pero en lo subsiguiente, la situación se torna más compleja. Parte del problema surge del hecho de que estas disposiciones fueron ideadas para evitar la represión gubernamental y no mediar entre diversos derechos humanos (o garantías individuales).

Si bien en la Constitución Federal y en la Convención Americana se prevé la posibilidad de restringir la libertad de expresión cuando se afecten derechos de terceros, es importante determinar si el mismo se ve obstaculizado con las manifestaciones. De inicio parece que no, pues este derecho tiene por objeto que una persona pueda ir al lugar que le plazca, lo cual no se restringe con una manifestación, pues la misma solamente obstaculiza las vías ordinarias de paso, sin impedir que se llegue al destinto. El derecho de tránsito si se vería afectado si las personas que se manifiestan impiden que terceros lleguen a un lugar determinado. Por ejemplo, si se bloquea el zócalo y una persona no puede acceder a la Suprema Corte, a presentar una promoción. Así, parece que tiene sentido el prohibir los bloqueos, como propone el pan capitalino.

En esta medida, las autoridades, que tienen la obligación de hacer posible que se ejerzan los derechos de las personas, (artículo 1 y 2.2 de la Convención Americana) tienen que garantizar el acceso a la Suprema Corte, como en el ejemplo. Como ilustra éste, en la discusión se ha perdido de vista que le corresponde a la autoridad el garantizar que ambas partes ejerzan sus derechos. No le corresponde solamente a los manifestantes respetar el derecho de circulación, ni a los automovilistas (principalmente) respetar el derecho de asociación/expresión. No es un problema, entonces, de que un derecho prevalezca sobre el otro (lo cual haría ocioso responder las dos últimas preguntas planteadas).

Lo anterior pone en claro que ambos partidos políticos capitalinos tienen razón al sugerir que las manifestaciones deben regularse. Sin embargo, el énfasis de la regulación no debe ser el equilibrio entre derechos que se encuentran en pugna. Se debe legislar sobre la intervención de la autoridad en su deber de hacer respetar ambos. Así, por ejemplo, se deberá prever un paso hacia la Suprema Corte y accesos alternos para el ingreso. De igual manera, se deberán prever desvíos de automóviles en la vía pública, que permitan el tránsito ágil, aunque por rutas distintas.

Además, esto daría cumplimiento al mandato internacional de prever en ley y de forma previa las restricciones a la libertad de manifestación; con la finalidad de establecer claramente y de forma precisa la forma de actuar de la autoridad. Eso implica, desde luego, definir y precisar los supuestos restrictivos a los derechos y libertades previstos en la Constitución y en la Convención Americana.

Por último, una aclaración relacionada con lo anterior. En cuanto a la postura del PAN, en el sentido de establecer una obligación de dar aviso a la autoridad de las manifestaciones que se realicen, la idea sería contraria a la Constitución y a la Convención de Derechos Humanos, pues esto puede invitar a la censura previa, pues con 72 horas de ventaja se pueden establecer obstáculos directos o indirectos que hagan imposible que la manifestación se lleve a cabo. Alternativamente, se sugiere que la autoridad, como parte de su mandato, prevea planes de contingencia (como los ya señalados) para hacer respetar estos derechos, que en realidad no están en pugna.

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